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Reforma de la OCM: crónica de un proyecto destrozado

Pau Roca
Secretario general de la Federación Española del Vino

El día 19 de diciembre de 2007 los ministros de agricultura llegaban a un «acuerdo político» sobre la reforma de la organización común de mercado (OCM) del vino. Esto ocurría en el seno del Consejo, único órgano legislativo de la Unión Europea (UE) en agricultura. Seis meses antes, el 4 de julio de 2007, la Comisión Europea, única institución de la UE con derecho de iniciativa, había presentado su propuesta, y la entregaba a las diversas instituciones europeas. Entre los dos documentos hay un abismo y es que se ha empeorado la propuesta en las negociaciones entre Estados, en el Consejo. Todos son culpables, desde los países consumidores e importadores, que se han desentendido de los problemas y han dejado el tema en manos de los Estados miembros productores, hasta los grandes países productores, con Portugal en la Presidencia, y Alemania, que Francia ha utilizado como verdadero socio en toda la negociación.

Siempre se ven las cosas cuando ya han ocurrido. Siempre el camino es claro cuando se ha recorrido. Pero en esta ocasión, el camino lo teníamos claro con mucha antelación y tuvimos una comisaria que entendió a nuestro sector.

Un poco de historia

Los primeros pasos se dieron en 2004. La Comisión encargó un informe a un consultor externo cuyas conclusiones demostraban la ineficacia de los sistemas de intervención en el mercado, e insistía en el grave problema de competitividad al que se enfrentaba el sector europeo frente a los nuevos países productores. A partir de aquel momento se abrió el debate para la necesidad de una reforma.

En este proceso ha habido otro factor que ha influido: la desunión total del sector productor y de cooperativas, que se articula en el COPA-Cogeca y, por el contrario, la capacidad de consensuar posturas demostrada por el Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV), es decir, lo que podría denominarse la «industria y comercio bodeguero». Esta bipolaridad ha sido al final muy negativa para el sector en su conjunto, pero ha sido fruto de una realidad: la falta de verdadera visión y ambición internacional de los sindicatos agrarios y de las bases nacionales de las cooperativas.

La propuesta de 4 de julio fue en sí misma un intento de equilibrio entre los distintos intereses nacionales. La Comisión mantenía el presupuesto, pero alteraba totalmente los sistemas de intervención, eliminando todos los mecanismos y proponiendo otros que debían gastarse en forma de sobres nacionales; prohibía la chaptalización e introducía un factor de promoción de la demanda, sobre todo en la exportación, y mediante la adaptación del etiquetado. También, aunque tímidamente, se anunciaba el fin del sistema de derechos de plantación para 2013, mientras que el fin de la prohibición de las plantaciones está previsto para 2010 en la actual OCM.

Los argumentos del sector español

Estas propuestas se han visto reducidas después del Consejo, pero eran incluso insatisfactorias para el sector, que reclamaba una mayor amplitud en el ámbito legislativo; pedía que la OCM no se redujera a una mera legislación agrícola sino que ampliara sus límites a aquellos aspectos que preocupan al sector y a la sociedad como son la protección de los consumidores y la contribución a la política de salud pública de una bebida alcohólica, el vino, distinta de las demás. Además, con vistas a profundizar en esta «visión holística» también reclamábamos la incorporación de aspectos fiscales y comerciales que tienen sus bases en la legislación europea. En definitiva, queríamos aprovechar la última reforma de una OCM para tener una verdadera política de sector a escala europea. En esta demanda tuvimos a nuestro lado a los productores pero, lamentablemente, no tuvimos a Estado Miembro alguno y menos aún a la comisaria. ¿Podía entenderse que íbamos demasiado lejos en una OCM que dejaba de ser de la política agrícola común (PAC)? Como veremos a continuación, el vino siempre ha sido precursor en su legislación y, en esta ocasión, nos podíamos también adelantar y dejar a un lado todo aquello que ha sido objeto de crítica en la política agrícola europea.

Teníamos suficientes argumentos para reclamar esa amplia legislación: las recientes leyes sobre etiquetado de alérgenos y la exigencia de lenguas diversas nos ponía frente a un problema ejemplar, las anteriores OCM tenían precedentes de reglas de etiquetado muy precisas que lo cubrían todo. Las normas y prácticas enológicas podían justificarse desde el ámbito de la protección del consumidor y de la salud pública, los registros tenían su fundamento en un sistema de trazabilidad mucho antes de que este concepto fuese generalizado en la legislación alimentaria, y tenían su funcionalidad fiscal. En definitiva, los argumentos se basaban en criterios históricos, en reclamar que el vino tenía en su legislación muchos de los principios que luego se han incorporado en la legislación europea, y que hoy forman parte de los Tratados Constitutivos. Por esta vía el sector perseguía una sola legislación para el vino que asegurara coherencia en las distintas políticas que le afectan y, sobre todo, anticiparse a las políticas de salud pública y protegerse a la vista de lo que ha ocurrido con el tabaco. En definitiva, lograr que de una OCM clásica se pasara a una verdadera política sectorial, sacrificando quizás algunos aspectos puramente agrícolas y situándonos estrictamente en parámetros de mercado y de los límites legislativos que una bebida alcohólica pueda y deba tener en el futuro. En un mercado único con multitud de percepciones distintas, con 27 Estados miembros, con una diversidad que se aleja y diluye cada vez más de los países latinos y mediterráneos, había una oportunidad para dejar bien asentada una legislación enteramente vinícola. Ahora, muchos aspectos, sobre todo de sanidad y consumo, se nos escaparán de las manos.

Los impedimentos

Un argumento en contra de esa visión, esgrimido de forma vergonzante, fue que si las bases jurídicas de la OCM se ampliaban más allá de los meros artículos agrícolas, esta debería ser aprobada por codecisión del Parlamento Europeo. En efecto, esta condición procesal en el ítem legislativo era considerada desde distintos puntos de vista: por parte del estamento oficial agrícola se temía, como si de una bestia se tratara, al Parlamento Europeo, que de momento se le mantiene domesticado por medio de dictámenes agrícolas sin valor vinculante. Por el contrario, desde gran parte del sector, e incluyo aquí a las bodegas y a una mayoría de sindicatos agrarios, se afrontaba el previsible paso codecisorio en el Parlamento como un debate con todas sus consecuencias, y como un reto para conseguir la legitimación de un sector que no desea que sus producciones entren progresivamente en la vía prohibicionista del conjunto de las bebidas alcohólicas. Era el último tren que nos quedaba, y siempre es bueno anticiparse voluntariamente a la obligación, antes de la entrada en vigor de las nuevas normas que vienen por los cambios en el Tratado. Valientes demócratas aquellos políticos que rehuyeron el paso por el parlamento aprovechando el procedimiento actual, y por ello descartaron la ampliación de la OCM a las bases jurídicas de salud pública y protección de los consumidores como hubiéramos deseado.

La comisaria, bien sea por no entrar en el sistema de codecisión o por no pisarle la línea de competencias a sus colegas de Sanidad y Consumo, hizo una propuesta estrictamente agrícola. Su defensa de la prohibición de la chaptalización tuvo que superar el primer escollo del Colegio de Comisarios, a unos cuantos se les había caído la careta europea y aparecieron como los fans de fútbol: con las caras pintadas con sus colores nacionales y a favor de la chaptalización. A pesar de ello, Fischer-Boel superó este obstáculo.

El Consejo de Ministros fue otra cosa, y como hemos visto, la comisaria tuvo que replegarse. Pero este hecho requiere un análisis de fondo: ¿cómo pudo constituirse un frente de 20 países contrarios a la prohibición de la chaptalización? Es curioso comprobar que lo que llamábamos el eje París-Bonn, que se ha desplazado más al nororiental Berlín, ha establecido sus tentáculos y ramificaciones; unos son los obedientes y próximos geográficamente y otros los que se «les trae al pairo todo lo agrícola». Curiosamente estos últimos, que tienen una sensibilidad de mercado y de protección al consumidor, debieran haber apoyado a la comisaria en su voluntad de ofrecer un producto íntegro y sin azúcar al consumidor final.

También hubiera sido más fácil si la Comisión no hubiera mantenido su cheque de 1300 millones de euros íntegros. Si se hubiera recortado esta oferta, los países del sur hubieran luchado mucho más por la eliminación de la chaptalización y por muchas otras cosas que al final han dejado pasar.

En definitiva, que el dinero ha sido demasiado. Fue un error abrir la reforma manteniendo todo el presupuesto. La eliminación del paquete presupuestario hubiera supuesto una mayor agresividad de quienes han sido los beneficiarios, los cuales hubieran luchado más por la liberalización del sector y la aplicación de normas sensatas. El dinero en forma de ayudas y subvenciones es un narcótico que puede crear adicción. Pero, además, es un falso reclamo en una negociación. Si la comisaria se hubiera ganado a los antiagrícolas que miran continuamente el gasto, hubiéramos conseguido la terminación de la chaptalización.


Plantaciones y derechos de plantación

Otro gran asunto ha sido el de la prohibición de plantaciones y el mantenimiento del sistema de derechos de replantación que en el actual Reglamento 1492/99 tenía vigencia hasta 2010 y que en la propuesta se planteaba ampliarlo hasta 2013. La fecha finalmente aprobada ha sido el año 2015 con posibilidades de ampliación hasta 2018. Podríamos considerar que eso ha sido una derrota, aunque quizás no lo sea si pensamos que hay que preparar al sector para una liberalización de plantaciones en una fecha que es límite e improrrogable, ya que en el período 2015-2018 se abrirá una competencia imparable entre territorios.

La prohibición de plantaciones se presenta por parte de unos –mayormente los productores–, como un sistema de contención de la producción y de equilibrio del mercado. Se teme que en un escenario de libertad puedan aparecer multitud de inversores que planten en todas partes desbordando ampliamente la capacidad del mercado y se produzca una crisis. Tanto el margen de rendimientos como el capital necesario para nuevas plantaciones de viñedo, como la realidad de un mercado global, desautorizan esta visión maltusiana. Por otra parte hay otro sector, el de las denominaciones de origen de éxito, que quiere mantener el sistema de prohibiciones a nivel comunitario por no asumir la responsabilidad de un sistema propio de autorregulación que les permitiera mantener la llave del potencial vitícola. Aparece aquí de nuevo la cobardía política, que ya se ha manifestado también en el momento de esquivar al Parlamento, pero esta vez es de carácter local. Ese miedo, combinado con una defensa a ultranza de posiciones conservadoras, ha representado una verdadera contrarreforma reaccionaria, sin mucha coordinación entre los cinco o seis focos en distintos territorios europeos, pero con suficiente peligro para asustar también a los distintos responsables ministeriales.

Cuando se planteó la desaparición de los derechos de plantación, mecanismo totalmente absurdo y desproporcionado al fin perseguido, y que creíamos que correspondía al propio sector autorregularse en las D.O., nos dimos cuenta de la paradoja: los consejos reguladores no tenían intención alguna de asumir un verdadero control de su potencial de producción. El coste político de acotar verdaderamente sus parcelas y tener que decir a unos que podían producir y a otros que no lo podían hacer, les suponía un desgaste y el ejercicio de una autoridad que no deseaban, y les resultaba mucho mejor decir, como hasta ahora, que las limitaciones les venían dadas de fuera.


El reconocimiento a los profesionales

Curiosamente, una de las cosas bien conseguidas en la actual OCM y que suponen un paso adelante es el considerable reconocimiento que recibirán las organizaciones profesionales en este nuevo reglamento. A éstas, y por extensión a los consejos reguladores, se les otorga la capacidad de establecer reglas para regular la oferta, y si bien en los borradores previos, éstas quedaban acotadas a la gestión de stocks reguladores del mercado, ahora se admiten todo tipo de actuaciones siempre que no entren en colisión con las reglas de competencia, y en concreto podrán regular el potencial de producción y establecer mecanismos que limiten el viñedo, si así lo desean.

Al final, se trata de que tomen sus propias decisiones y que las denominaciones de origen se pongan a competir entre sí. Adoptar decisiones colectivas es un riesgo pero puede ser un acierto, y deberán asumir la responsabilidad de una gestión colectiva de sus plantaciones, de sus vinos, su imagen, sus distintivos, etc., fuera de todo privilegio que suponga la «amputación del prójimo» como era la prohibición de la indicación de añada y variedad en las etiquetas de vinos sin indicación geográfica.

El horizonte de futuro a partir de la reforma

Queríamos también una política comercial más agresiva y con componentes e instrumentos más sofisticados que la simple promoción. Queríamos que la OCM fuera, a su manera, una guía de negociación exterior, que la Comisión tuviera fondos para el asesoramiento jurídico en la conquista de nuevos mercados, para la persecución de prácticas comerciales discriminatorias y para la investigación de barreras de acceso. Queríamos que nuestro modelo, y no sólo nuestros productos, fueran exportados. En definitiva, recuperar todo aquello que acompaña una voluntad de liderazgo mundial de la Unión Europea en vinos, a pesar de las acusaciones de «tufillo imperialista» que recibimos en nuestras propuestas de expansión comercial. Al final nos hemos quedado con simples asignaciones de presupuesto en promoción exterior, que han perdido, además, la obligación de ser empleadas de forma exclusiva. Pero este nuevo enfoque tiene una gran virtud, y es la apuesta que supone por el mercado, por la demanda y por la confianza en las empresas.

En resumen, hubiera sido deseable una OCM más amplia, menos agrícola y más liberal. Tuvimos una propuesta muy centrada en lo agrícola, pero suficientemente liberal y audaz y que, de prosperar, hubiera significado un verdadero espaldarazo al sector. Finalmente, las fuerzas conservadoras y los Estados miembros han conseguido volver en muchos aspectos al statu quo, pero hay un horizonte marcado en el que podemos planear un desarrollo del sector para mejorar la competitividad. Finalmente, el mercado está ahí y, una vez establecidas las reglas de juego, hay que seguir trabajando y buscando todas las oportunidades para que este sector siga siendo muy rentable para toda la cadena de valor.

[29.02.08]
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