En esta segunda quincena del mes de marzo se va a celebrar la reunión anual de los Grupos de expertos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Los debates, como suele ser habitual, se desarrollan en diversas reuniones: la Subcomisión Nutrición y Salud, la Subcomisión de Métodos de Análisis, los Grupos de expertos de la Comisión de Viticultura, de Enología y de Economía.

En estas reuniones también se van a tratar y debatir temas surgidos por expreso mandato de los acuerdos o resoluciones tomados en la última Asamblea de la OIV de octubre del año pasado.

La Subcomisión de Métodos de Análisis va a centrar sus trabajos en la discusión y elaboración de las especificaciones de los productos, cuyo uso fue aprobado en resoluciones anteriores de la OIV, y que deben ser recogidos en el Código Enológico Internacional, como paso previo para que su uso sea realizado con el consenso tanto de los países productores como consumidores.

Unas de las especificaciones a discutir es la que corresponde a las de los ácidos lácticos y málicos que pueden ser utilizados en las acidificaciones de mostos y vinos. Esta discusión posiblemente no conlleve excesivos problemas de carácter técnico, puesto que estos productos están muy bien especificados en diversos documentos, entre ellos el Codex Alimentarius.

Otro tema a debatir, éste más problemático, es el derivado de la aprobación de la resolución sobre la utilización de los trozos de madera de roble a utilizar durante el proceso de vinificación (contacto con el mosto en fermentación o con el vino), para modificar sus características organolépticas, principalmente sápidas. El documento final deberá recoger especificaciones físicas y químicas, particularmente aquellas que surgen del proceso de tostado al cual se someten, así como las de contaminación, tanto en organismos microbianos como en elementos metálicos.

Un objetivo de la ficha, que finalmente se debe incluir en el Código Enológico Internacional, es que la incorporación de materias procedentes de la madera no induzca al fraude por incorporar artificialmente sustancias aromatizantes, ajenas a los procesos naturales de degradación de los componentes de la madera por el proceso de tostado. Éste es uno de los riesgos que conlleva esta práctica, ya recogida en el Código Internacional de Prácticas Enológicas, y que es vista con cierta suspicacia. La realización de una ficha bien elaborada contribuirá a no introducir un factor más de duda sobre la naturalidad del proceso de elaboración.

Pero el debate de mayor calado seguramente se realizará en los diversos Grupos de Expertos de la Comisión de Enología, donde se discutirá la conveniencia o no de informar al consumidor sobre esta nueva práctica a través del etiquetado.

Por parte de los países productores en que esta práctica no es habitual y ni siquiera reconocida, la postura a defender debe ser la del compromiso entre diversos objetivos:

• Evitar que al consumidor se le confunda ofertándole un producto que no ha sido elaborado según la práctica habitual de crianza en barrica.

• Impedir una competencia desleal frente a los usuarios del método de crianza en barrica, reconocido en nuestra normativa como el más genuino proceso de modificación de las características organolépticas.

• Plantear, con los vinos de mesa, una concurrencia equilibrada frente a los vinos procedentes de los países sin trabas en el uso estos materiales, como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc., objetivo que se va perfilando día a día por la necesidad de optimizar la gestión económica del sector.

Con esta problemática de fondo, los agentes económicos sectoriales deben tener una opinión formada, posicionarse y hacerla llegar a la Administración, para que los delegados en los Grupos de Expertos puedan defenderla, siempre que no entren en colisión con la postura de salvaguarda de los intereses del consumidor, que a su vez deben manifestarlos. En su conjunto, la posición de España debería configurarse sobre la base de la postura sectorial que mantengan instituciones como la Federación Española del Vino, los Consejos Reguladores, organizaciones de consumidores, etc.

Sería conveniente que, en esta ocasión, el sector acompañase a la Administración y con una postura unitaria se defendieran sus legítimos derechos y oportunidades empresariales. Tengan por seguro que los países que tienen la práctica de las virutas de roble como habituales no están interesados en que en la etiqueta conste nada que les quite oportunidades comerciales y para defender esa postura vendrán con todo tipo de argumentos y personas.

Una pregunta a modo de reflexión sobre la importancia de lo comentado: ¿qué consecuencias tendría si no se pudiera diferenciar en la etiqueta el cava o champagne del vino gasificado?